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La pieza de Leonel Sandoval

Permaneció siete años al frente del Tribunal Superior de Justicia, pero al fin el viernes 14 Celso Humberto Rodríguez González fue relevado por Luis Carlos Vega Pámanes, un personaje que fue entronizado por Leonel Sandoval –padre del gobernador electo, Jorge Aristóteles Sandoval– con la anuencia del propio funcionario saliente. En el gremio hay pocas esperanzas de cambio, pues muchos jueces consideran a su nuevo presidente más como un expolicía que como un magistrado.
En los últimos cinco años, Luis Carlos Vega Pámanes ha tenido un "carrera exitosa" en el ámbito judicial, pues el antiguo policía supo congraciarse con Leonel Sandoval –padre del gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz– y colarse a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), donde sustituyó a Celso Humberto Rodríguez González, quien permaneció en el cargo tres periodos consecutivos inmerso siempre en el escándalo.
Durante su prolongada gestión, Rodríguez González se vio implicado en casos de corrupción y manejos erráticos en la impartición de justicia. Incluso se le señaló como presunto autor intelectual del asesinato del joyero Javier Armenta Juárez, ocurrido el 2 de enero de 2002 en la colonia Jardines de la Paz, en Guadalajara (Proceso Jalisco 406).
Margarita Araiza Torres, viuda del joyero, asegura que tras presentar una querella ante la Procuraduría General de Justicia del estado, las autoridades levantaron la averiguación previa 135/2002/P, pero el documento se perdió, por lo que nunca se inició la investigación formal contra Rodríguez González.

No obstante la protección, el funcionario terminó siendo acusado de despacharse con "la cuchara grande" durante los siete años que estuvo al frente del STJ. Llegó incluso a otorgarse un doble sueldo de más de 207 mil pesos al mes en su calidad de presidente del tribunal y como representante del Consejo de la Judicatura (CJ).
Como titular de la dependencia, Rodríguez González alcanzó a cobrar alrededor de 400 mil pesos de aguinaldo la primera quincena de diciembre de 2012, según las cuentas de Alfonso Partida Caballero, integrante del CJ.
En el seno del Poder Judicial, magistrados consultados por el reportero sostienen que Vega Pámanes llegó al STJ con la anuencia de figuras claves en la estructura priista como Leonel Sandoval, Aristóteles Sandoval y el propio Rodríguez González, quien al brindarle su apoyo busca una "carta de inmunidad" para él y la gente que incluyó en la nómina del tribunal.
La lista es larga, dicen los entrevistados, e incluye a hijos y familiares de magistrados, diputados, senadores y de políticos priistas y panistas en activo.
Vega Pámanes fue designado el viernes 14 en unas elecciones desaseadas por 30 de los 33 magistrados participantes. Varios de ellos, como Luis Rabinal González, Luis Octavio Cotero Bernal y Alfonso Partida Caballero se quejaron de las maniobras del presidente saliente para ocultar sus tropelías que, dicen, ellos venían denunciando desde hace meses.
Los pendientes de Celso
La Ciudad Judicial, el principal proyecto impulsado por Rodríguez González durante su gestión es un fracaso. Según Partida Caballero, el complejo construido en un predio de 6.5 hectáreas en el norponiente de la zona metropolitana, municipio de Zapopan, fue recibido por Rodríguez González de manos del gobernador Emilio González Márquez el pasado 11 de febrero, pero la obra está inconclusa.
El complejo de tres pisos y dos estacionamientos para cerca de mil 200 vehículos carece de drenaje, dice Partida; tampoco cuenta con el permiso de habitabilidad, aun cuando se habla de que ahí se instalarán 38 juzgados, un auditorio para 450 personas, dos salas de juntas y áreas de servicios. Además, su costo se disparó de 325 millones de pesos presupuestados en 2007, a mil 200 millones "para cuando se concluya".
Hasta ahora el inmueble sigue vacío. Falta que las autoridades conecten un tramo de cinco kilómetros de drenaje para redireccionar las aguas negras hacia la colonia Ciudad Granja. Los vecinos se muestran inconformes porque, alegan, la obra no sólo carece de permiso de habitabilidad, sino que el STJ no paga los impuestos para la conexión al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
De acuerdo con Partida Caballero, el tribunal tiene un adeudo cercano a los 100 millones de pesos, de los cuales 75 millones corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social. El tribunal promueve un amparo ante su acreedor en un intento por reducir el pago a 15 millones.
El Poder Judicial debe 40 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, aunque inició un proceso de regularización con Hacienda para solventar el adeudo. En tanto que el tribunal pagó ya los 18 pesos que le debía al Instituto de Pensiones de Jalisco.
Para 2013, el Poder Judicial espera un presupuesto cercano a mil millones de pesos, aunque es factible que el Ejecutivo ejerza su derecho a veto y sólo le entregue 471 millones de pesos.
Partida Caballero lamenta que no exista ya en el STJ el Comité de Planeación –un órgano que en teoría debe encabezar el presidente del tribunal– para proyectar los gastos y presupuesto a través del denominado Proyecto Operativo Anual. Esa ausencia provocó que durante la gestión de Rodríguez González se hayan dejado de recibir 100 millones de pesos anuales.
Rabinal González sostiene que la corrupción en el STJ ronda 70%, mientras que en los juzgados llega a 80%: "Ahí todo va con mordida. Desde la notificación para que salga un acuerdo rápido, hasta la obtención de unas simples copias. Las 'gratificaciones' cuestan 100, 200 y hasta 500 pesos tan sólo en los trámites del manejo de barandilla del expediente, pero ante el juez el asunto se abre a la negociación y en ese nivel la cuota sube a 50 mil, 100 mil pesos".
Por ello, dice, propuso que se hicieran exámenes de confianza a jueces, magistrados e integrantes del CJ. "Que se les aplique una prueba de ácido: deben decir cuánto tienen, qué tarjetas de crédito usan, a dónde y cómo viajan, qué bienes están a nombre de su esposa o sus hijos; todo esto para salir de dudas y ubicar a personas cuya riqueza no corresponde a sus sueldos".
Por lo que respecta a la corrupción, comenta: "Nadie quiere papel que les pueda comprometer, nadie acepta cheque ni a su nombre ni al portador. Sólo como ejemplo, si su asunto vale 12 millones de pesos y el cliente tiene la razón, el juzgado sólo ayudará a que el proceso no se caiga y la cuota seguramente será de 400 mil pesos. Pero si no tienes la razón y el juez ayuda a sacar como buena una resolución que le puede afectar, entonces la gratificación es de 2 o 3 millones de pesos".
En Jalisco, resume Rabinal, "se percibe un mercado negro de la justicia". Incluso recuerda un juicio sobre el despojo de un terreno en el cual, afirma, él era el agraviado. Al consultar al presidente de la Segunda Sala Penal, Guillermo Valdés Angulo, éste le preguntó sin rubor si su caso "era de negocios o de amigos. Él creía que yo iba en calidad de litigante y representando a un cliente. Le dije que cuál negocio, que se trataba de un asunto personal. Posteriormente le habló al amigo que me contactó con él e insistió en preguntar si se trataba de un negocio", relata.
El magistrado fue denunciado por varios jueces, quienes lo acusaron de hostigamiento al intentar detener un embargo (Proceso Jalisco 363).
De expolicía a magistrado presidente
Luis Carlos Vega Pámanes inició su carrera como magistrado en 2007, según sus datos curriculares.
Al arranque de la administración del priista Javier Bravo Carbajal en Puerto Vallarta, Vega fue director de la Policía Municipal. En septiembre de ese año se integró como magistrado de la Primera Sala, donde permaneció hasta febrero de 2010. Luego pasó a la Sexta Sala.
La designación de Vega como presidente del STJ el viernes 14 se dio al amparo del magistrado Leonel Sandoval, coinciden magistrados cercanos a Rodríguez González, al senador Arturo Zamora Jiménez y al exdirigente del PRI Javier Guízar y su compadre, el exdiputado local Javier Galván.
El Grupo Universidad dejó correr el rumor de que impulsaría a Raúl Acosta Cordero, dicen, pero en el fondo sólo era para validar la designación de Vega.
Otro de los aspirantes, el magistrado Marcelo García de Quevedo, comenta al reportero que rechazó cualquier interferencia extraña en la decisión de los funcionarios que participaron en la elección. Asegura que nadie le hizo "manita de puerco" a los magistrados para votar en favor de Vega. Dice que al final declinó para conseguir la unidad al interior del STJ.
"Lo que queríamos es que Celso ya se fuera", esa era la idea entre muchos de los que votaron en la elección del 14 de diciembre, aunque ninguno se atrevió a decirlo de manera pública, comenta.
El magistrado Jaime Cedeño Coral, quien fungió como presidente del pleno el día de las elecciones, negó que Aristóteles Sandoval o su padre hubieran presionado: "Se lo digo con toda la certeza de mi dignidad que ninguna persona me presionó para votar en favor de Vega Pámanes".
De acuerdo con la página de transparencia del STJ, Rodríguez González cobraba 70 mil pesos quincenales más las prestaciones como titular del tribunal; también lo hacía como presidente del CJ. Al término de su gestión, tenía una percepción superior a los 430 mil pesos al mes, además de los vales de gasolina que sumaban 207 mil pesos.
Tenía oficinas tanto en el STJ como en el CJ, así como una secretaria, dos relatores y dos auxiliares, aparte del personal que estaba bajo su autoridad en el tribunal. Vega sólo mencionó que de ser cierta esa información, él se quedará con un solo sueldo.
Su peso en oro
Para Luis Octavio Cotero Bernal, uno de los representantes de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Jalisco, muchos funcionarios de primer nivel que acompañaron a Rodríguez González en el tribunal valen lo que pesan en oro.
Alrededor de 80% de los servidores públicos encargados de aplicar y administrar la justicia se verían en aprietos si alguna autoridad ordena una auditoría.
Juan Manuel Lepe, del Colegio de Abogados Libres de Jalisco Tomás López Linares, habla de pago de favores y entrega de plazas a amigos y conocidos a diputados y senadores de diferentes partidos durante la pasada administración: "Todos los políticos del ámbito local y federal buscaron algún tipo de beneficios, hasta para conseguir una plaza de un simple notificador de juzgado, que es el último puesto en la escala judicial", afirma.
De 48 años y doctorado en derecho constitucional, padre de tres hijos y poca experiencia en el Poder Judicial, Vega Pámanes rechaza las opiniones de abogados y analistas que lo definen como un simple expolicía:
"Yo respeto esa opinión, pero usted sabe que yo reúno todos los requisitos que marcan la Constitución local y la federal para ser presidente. Respeto a las personas que votaron diferente, pero trabajaré para que se sumen, en bien de Jalisco. Usted lo vio, la elección fue un acto republicano de los más democráticos."
–¿Qué le asusta? –pregunta el reportero a Vega Pámanes.
–Las mentiras.
–¿Descarta que la delincuencia organizada levante en Jalisco a funcionarios judiciales o jueces como ocurre en otros estados?
–Sí, las descartamos porque tenemos magistrados, jueces, secretarios, relatores que son conscientes de que se hace el mejor esfuerzo para dotarlos de todas las herramientas para el cumplimiento de su trabajo.
Sobre los señalamientos de corrupción contra el Poder Judicial, su nuevo presidente dice que respeta las opiniones contrarias, pero que no tienen ninguna referencia o información sobre eso.
"Si alguna persona tuviera algún detalle contra algún funcionario incluso su servidor, están los medios legales para presentar esas denuncias".
–Con todo respeto, señor, ¿llega usted a un Poder Judicial inmaculado?
–Llegamos a un Poder Judicial joven, con las ganas de cambiar y llegar a la modernidad a través de los juicios orales.
–¿Llega a la sombra de Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador electo de Jalisco?
–No. A él sólo me une una amistad y respeto que a partir de hoy será una relación institucional.
–¿Cómo le va a hacer para evitar el manoseo de Poder Judicial de corrientes políticas, del Grupo UdeG o de partidos políticos?
–Esto es muy sencillo: en el Poder Judicial la justicia no se negocia, no se manosea, se ejecuta como marca la Constitución, tanto la federal como la estatal.
Juan Manuel Lepe asegura que durante la pasada administración proliferaron jueces inexpertos y sin calidad jurídica. Cita el caso de José Vázquez Vitela, quien se desempeñó como juez noveno familiar. Dice que aun cuando ostenta los grados académicos de maestro y doctor en derecho, los colegas se refieren a él como "Rey" Vitela, por sus desplantes.
En su discurso de toma de protesta, Vega Pámanes, felicitando a Rodríguez González por su "excelente trabajo", dijo también que la única sumisión que tendrá en su administración será con "la Constitución y con la ley".
Apenas se estrenó como magistrado presidente del STJ, algunos empleados se quejaron porque, dicen, Vega suele tratar de forma grosera y altanera a sus subalternos. (Con información de M. A. Infante.)